Rocío tenía 13 años cuando fue atacada por un grupo de efectivos policiales, mientras andaba en auto con un grupo de cuatro amigos. El resto de las víctimas falleció y ella pasó 25 días internada.

Esta semana se cumplen dos años de la masacre de Monte, en la que cuatro chicos, tres menores de 14 años y un joven de 22, fallecieron en un accidente automovilístico tras ser atacados por la policía bonaerense. Rocío, la única sobreviviente, pasó 25 días internada y que hoy sigue recuperándose exige que los culpables paguen lo que hicieron.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019. Cinco amigos, cuatro chicos de trece años y un joven de 22, estaban andando en un Fiat 147 cuando varias patrullas policiales comenzaron a dispararles sin motivo aparente. Luego de intentar esquivar las balas, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un acoplado. Cuatro de los cinco pasajeros fallecieron en el acto y la única sobreviviente, Rocío, ahora pide justicia.

"Es una mezcla de sentimientos. Entre la bronca y el dolor, por perder a mis amigos, me siento vacía. Los recuerdo con mucho amor. Mi única expectativa es que los responsables cumplan su condena por el resto de su vida", contó la joven, quien no recuerda nada del accidente por las heridas sufridas.

Por el hecho hay 24 imputados, entre los que hay efectivos de la comisaría de Monte, peritos de la Científica y el ex secretario de Seguridad del distrito, Claudio "Toro" Martínez. Los cuatro principales acusados son quienes se encontraban dentro de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes: Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez. Los cuatro se encuentran procesados con prisión preventiva por el delito de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público".

Martínez será juzgado por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes, mientras que los otros 19 involucrados son acusados de encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.