La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, quedó envuelta en una nueva controversia luego de que un informe televisivo afirmara que habría adquirido una vivienda valuada entre 1 millón y 1,2 millón de dólares en el exclusivo barrio privado Las Yungas, ubicado en Yerba Buena. Según lo expuesto en el programa El Avispero, la propiedad sería utilizada como residencia de fin de semana.

Durante la emisión, los periodistas sostuvieron que la operación inmobiliaria se habría concretado poco tiempo después de que Graneros asumiera al frente del municipio, en octubre de 2023. De acuerdo con esa versión, la compra se habría realizado sin financiamiento bancario y mediante pagos efectuados directamente en efectivo.

Uno de los puntos que más interrogantes generó fue el origen de los fondos utilizados para la adquisición. En el informe aseguraron que la intendenta no registraría créditos hipotecarios a su nombre y señalaron que la vivienda está construida sobre dos lotes dentro de uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Tucumán, que cuenta con cancha de golf, clubhouse e instalaciones deportivas.

El periodista José Sbrocco sostuvo además que parte del dinero habría sido trasladado por Ariel Mendelec, secretario de Hacienda de Graneros. Según relató, una porción del monto se habría entregado inicialmente y el resto habría sido cancelado mediante seis pagos de 50 mil dólares cada uno.

La difusión de estas versiones ocurre en un contexto de fuerte tensión política y social dentro del municipio. En las últimas semanas, la gestión de Graneros quedó cuestionada por la denuncia presentada contra vecinas que reclamaban obras para evitar inundaciones. Varias de ellas terminaron imputadas en una causa por amenazas.

Durante una entrevista televisiva, algunas de las mujeres afectadas relataron las dificultades que atravesaron tras los temporales y aseguraron que reclamaban asistencia para familias que habían perdido sus pertenencias o permanecían en condiciones precarias. También manifestaron temor a expresarse públicamente por las consecuencias judiciales derivadas del conflicto.

Otro de los aspectos destacados en el informe fue el contraste entre el valor atribuido a la propiedad y la situación económica del distrito. Según los datos mencionados durante el programa, el municipio destina alrededor de 900 millones de pesos mensuales al pago de salarios, por lo que el costo estimado de la vivienda equivaldría a cerca de dos masas salariales completas.