El gobierno de la provincia de Córdoba difundió el detalle completo de su pauta oficial correspondiente al primer semestre de 2024, con un total de 847 millones de pesos ejecutados entre enero y junio, discriminados por mes, tipo de medio, proveedor y concepto. La información fue incorporada en diciembre al portal de Transparencia provincial y está disponible en formato abierto, con herramientas de búsqueda y filtrado.
El esquema implementado por la administración de Martín Llaryora incluye publicidad en medios gráficos, digitales, radio, televisión y redes sociales, y permite identificar con precisión qué medios reciben fondos públicos y bajo qué modalidad. La medida fue presentada como un avance en materia de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el uso de recursos estatales.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, gastó durante 2025 (año electoral) nada menos que $50.000 MILLONES en pauta oficial.🇦🇷 pic.twitter.com/SDyMIWapuO
— (erechenique). Echenique, Edgardo Raúl. (@erechenique) January 9, 2026
La situación contrasta con lo que ocurre en San Luis, donde no existe un registro público consolidado de la pauta oficial. El gobierno provincial encabezado por Claudio Poggi no publica montos globales, listados de medios beneficiados ni contrataciones vinculadas a figuras mediáticas o creadores de contenido digital, pese a que la normativa de acceso a la información pública exige la difusión de estos datos.
Algunos desembolsos trascendieron por vías indirectas. En octubre de 2024, el periodista Luis Majul realizó una charla auspiciada por la provincia, cuyo costo superó los 10 millones de pesos, una cifra que, comparada con valores similares en Córdoba, expone diferencias significativas en los criterios de contratación. También se conoció la participación del conductor Marley en acciones de promoción turística, con presencia en canales nacionales y redes sociales, sin que se informara el costo ni las condiciones de esos acuerdos.
La falta de información impide conocer cuánto destina en total San Luis a comunicación oficial, un rubro que en otras provincias suele representar entre el 1 y el 3 por ciento del presupuesto anual. Esta opacidad no solo limita el control ciudadano, sino que abre interrogantes sobre el uso discrecional de fondos públicos en un área clave para la gestión de la información y la relación entre el Estado y los medios.
