El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que bautizó “Ofensores en Trenes” y desestima la presunción de inocencia. La nueva medida habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito.
La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta, gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich.
El programa entró en marcha a través de su publicación Boletín Oficial y lleva el nombre “Ofensores en Trenes”, es decir que vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa, algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito.
De esta forma, los agentes quedan habilitados a solicitar a cualquier persona “la presentación del documento nacional de identidad”, cuya entrega “será obligatoria en todas las circunstancias”, según establece el texto difundido por el Ministerio de Seguridad.
Los datos de la persona serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad. Es decir que, por lo menos, quedará retenido.
La medida despertó una serie de críticas desde la política, las organizaciones sociales y de derechos humanos. El candidato presidencial del “Frente de Todos”, Alberto Fernández, condenó la resolución que, según señaló, “se inscribe en una lógica de criminalización”. “Vamos a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres. Vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, advirtió.
Para el diputado del Frente de Todos Agustín Rossi, el programa “estigmatiza lo popular” por tratarse de una medida de control que se pondrá en marcha en un transporte público masivamente utilizado por trabajadores. “Condenan penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara”, cuestionó el legislador.
El CELS advirtió que “Ofensores en Trenes es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito.
“Esta decisión del gobierno promueve que las fuerzas de seguridad detengan con criterios discriminatorios. Esto puede dar lugar a graves violaciones a los DDHH, como lo ocurrido con la privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio en 1991 en el ingreso a un recital. Cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional. No importa cuánto tiempo dure el procedimiento. Así lo afirmó la Corte IDH en el caso por la detención arbitraria y la desaparición forzada de IvánTorres”, destacó el CELS.
