El Gobierno nacional prepara un aumento de sueldos para los funcionarios de cara a 2026, lo que ha generado un gran debate interno y externalizado, debido a su posible impacto en la percepción pública. Los funcionarios consideran que el ajuste responde a los "logros alcanzados" en los últimos dos años, pero la medida ha provocado fricciones dentro del propio Gabinete, especialmente por la diferencia que mantiene el sector público con el privado en términos salariales.

Desde algunos sectores del Gobierno, se ha presionado para que el aumento se haga efectivo a partir del 1 de enero de 2026, mientras que otros, principalmente alineados con el kirchnerismo, prefieren implementarlo en etapas, con el fin de reducir el impacto inmediato sobre las cuentas públicas y evitar que se genere más controversia.

En la Casa Rosada, se están afinando los detalles de la medida, especialmente en lo que respecta a las escalas salariales y su impacto en la opinión pública. Un alto funcionario afirmó que el aumento se buscaría implementar durante el verano, cuando “la gente se va de vacaciones”, con la esperanza de minimizar la repercusión de la medida en un momento de menor actividad política.

Este aumento, que se había planteado en ocasiones anteriores antes de las elecciones legislativas pero fue rechazado por el costo político, vuelve a estar sobre la mesa con una nueva oportunidad de implementación, pese a la desaprobación generalizada por el contexto económico y las tensiones internas en el Gobierno.

Una de las principales quejas de los funcionarios es la diferencia salarial con el sector privado, que dificulta la contratación de nuevos equipos técnicos y especialistas. Esta brecha, que persiste desde hace años, se ha convertido en uno de los principales argumentos para la implementación de la medida, aunque sigue siendo un tema sensible en las negociaciones internas del Ejecutivo.