El influencer Eduardo Prestofelippo, conocido como “El Presto”, será juzgado nuevamente en marzo de 2026 en Paraná por haber incitado en 2020 a que se incendiara la casa del entonces intendente Adán Bahl, con su familia en el interior. El comentario fue realizado en un video publicado en redes sociales en el contexto de protestas de trabajadores municipales.

En 2024, el juez Santiago Brugo lo había absuelto al considerar que se trató de una manifestación de carácter político sin intención directa de promover un delito. Sin embargo, la Fiscalía apeló esa resolución y la Cámara de Casación Penal decidió anular el fallo y ordenar un nuevo debate. La medida fue luego ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Las audiencias se realizarán entre el 15 y 16 de marzo de 2026, con el juez Alejandro Grippo a cargo del tribunal y el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull representando la acusación.

El influencer ya cuenta con antecedentes judiciales: en Buenos Aires fue condenado por hostigamiento contra la entonces primera dama Fabiola Yáñez, mientras que en Córdoba fue absuelto en una causa por supuestas amenazas hacia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era vicepresidenta. Además, su nombre apareció vinculado al expediente del atentado contra Cristina Kirchner, debido a su relación personal con Brenda Uliarte, una de las condenadas por esa causa.

El episodio que originó la denuncia data del 2 de mayo de 2020, cuando Prestofelippo publicó un video en YouTube, posteriormente eliminado por infringir las normas de la plataforma, en el que afirmó: “Yo les aconsejaría a los trabajadores municipales que vayan a la casa de Adán Bahl y le prendan fuego la casa con la familia adentro”.

El Superior Tribunal cuestionó duramente el fallo absolutorio, señalando que la figura penal de instigación no exige probar temor en la víctima, sino la convocatoria directa a cometer un delito determinado. También advirtió que el juez de primera instancia omitió evaluar elementos centrales y realizó un análisis insuficiente de la idoneidad de las expresiones para generar un riesgo.

El caso se reactivará con este nuevo juicio, que volverá a poner en discusión los límites legales y responsabilidad penal en el ejercicio del discurso político y comunicacional en redes.