El diputado nacional Ernesto Alí amplió a fines de septiembre una denuncia contra el gobernador Claudio Poggi por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa. La presentación se apoya en registros de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de San Luis, que muestran propiedades a nombre de personas vinculadas al mandatario.

Según la denuncia, la hija del gobernador, María Victoria Poggi, figura como titular de ocho inmuebles, y su hijo, Federico Poggi, de cinco. Ambos tienen menos de 40 años, y Alí sostiene que los ingresos declarados por el gobernador no son compatibles con ese patrimonio. La esposa de Poggi, Sandra Mabel Correa Sosa, aparece con otras cuatro propiedades.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal del diputado, pidió que se libren oficios para conocer tipo de inmuebles, superficie y valuación fiscal, y reclamó informes a ARCA sobre la situación fiscal y las declaraciones de ganancias de los involucrados. También solicitó que Alí sea citado a declarar en el juzgado federal de San Luis, algo que todavía no ocurrió.

En la denuncia, Alí describe un aumento patrimonial del gobernador de $9,3 millones en 2017 a $79,5 millones en 2022/2023, con referencias a “fuerte dolarización del ahorro” y tenencia de efectivo en dólares. Según el diputado, la diferencia no se explica con sus ingresos como legislador nacional ni con alquileres declarados, y atribuye buena parte del salto a diferencias de valuación de los mismos bienes.

La causa tuvo un recorrido judicial accidentado. La denuncia ingresó en los tribunales de Comodoro Py, pero la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa se declararon incompetentes y la enviaron a la Justicia Federal de San Luis. Allí, según el artículo, el juez Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid mantienen frenada la investigación.