La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei había eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina prepaga. El fallo obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud a recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos.
La decisión tiene implicancias sobre cerca de 500 causas similares que todavía debe resolver el máximo tribunal y podría repercutir en otros reclamos presentados por afiliados en distintos juzgados del país, incluso de personas que ya pagaron los aumentos y podrían solicitar una restitución.
El pronunciamiento confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata, en una causa iniciada por una afiliada cuya cuota había aumentado un 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según el planteo, si se hubiera aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26 por ciento.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se trata de la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el DNU 70/2023. El expediente llegó a esa instancia a partir de recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
Qué cambia para las empresas y los afiliados
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la Ley 26.682 y modificado otra que establecía la supervisión estatal sobre los valores de las cuotas de los servicios de salud. Con el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias y controlar que sean razonables.
El organismo también recuperará la facultad de autorizar aumentos cuando estén respaldados por variaciones en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, la Corte revocó la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que ordenaba limitar los incrementos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, el fallo no establece un tope automático vinculado a la inflación, sino que restituye las competencias regulatorias de la autoridad de aplicación. Cada aumento deberá ser evaluado de acuerdo con los criterios previstos en la normativa vigente.
Los argumentos de la Corte contra el DNU
Para fundamentar su decisión, el máximo tribunal sostuvo que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a ejercer facultades legislativas únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Para dictar un decreto de necesidad y urgencia, debe existir una imposibilidad de que el Congreso sancione una ley mediante el procedimiento ordinario o una urgencia que requiera una respuesta incompatible con los tiempos de ese trámite.
La Corte recordó su doctrina sobre los DNU, ratificada en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto. A partir de ese criterio, consideró que los fundamentos incluidos en el decreto no explicaban de manera suficiente cuáles eran las circunstancias excepcionales que justificaban eliminar los controles estatales sobre los precios de las prepagas.
Según el tribunal, la invocación de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la liberación de las restricciones de precios no alcanzaba para acreditar una urgencia de esa magnitud.
Tampoco encontró una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Poder Ejecutivo y la eliminación de las facultades de supervisión estatal sobre las cuotas.
En ese sentido, los jueces remarcaron que los criterios de conveniencia del Gobierno no justifican por sí solos la utilización de un mecanismo excepcional. La Constitución no permite elegir discrecionalmente entre el tratamiento de una ley en el Congreso y la aprobación más rápida de sus contenidos mediante un decreto.
Por último, la Corte aclaró que su pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no implica emitir una opinión sobre el resto de las disposiciones del decreto.