Declaraciones en TV

La escribana de Manuel Adorni dijo que no había hecho operaciones inmobiliarias antes de ser funcionario

La notaria que intervino en las compras del vocero presidencial afirmó que durante años no registró operaciones previas y sumó definiciones sobre el origen de los fondos que abrieron cuestionamientos de ex autoridades de la UIF.
La notaria que intervino en las compras del vocero presidencial afirmó que durante años no registró operaciones previas y sumó definiciones sobre el origen de los fondos que abrieron cuestionamientos de ex autoridades de la UIF.

Adriana Nechevenko, la escribana que participó en operaciones vinculadas a Manuel Adorni, aseguró en una entrevista televisiva que el funcionario no había realizado compras inmobiliarias antes de su llegada al Gobierno. “En los 15 años anteriores, justo ninguna”, respondió entre risas cuando le consultaron por antecedentes, y agregó que “se le vino todo junto” al referirse a las adquisiciones recientes.

Durante la misma conversación, la notaria mencionó una “relación de confianza” entre los compradores y el entorno de una de las vendedoras. Hizo referencia a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las prestamistas involucradas, quien tuvo presencia en Casa Rosada junto a Adorni, pese a que su madre había declarado no conocer al funcionario.

En otro tramo, Nechevenko relativizó esa contradicción al plantear que el concepto de conocer puede ser ambiguo. “Definime conocer”, respondió cuando le señalaron las diferencias entre los dichos de la jubilada y los vínculos mencionados, intentando descomprimir la inconsistencia.

Las declaraciones sumaron tensión cuando la escribana sostuvo que no está obligada a exigir explicaciones sobre el origen del dinero, siempre que se declare como legal. Esa afirmación fue cuestionada por ex funcionarios de la Unidad de Información Financiera, quienes advirtieron que los escribanos son sujetos obligados a controles preventivos en operaciones de este tipo.

El ex titular de la UIF, Mariano Federici, recordó que la normativa vigente establece deberes claros para prevenir el lavado de activos y que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales. En la misma línea, María Eugenia Talerico sostuvo que la falta de verificación del origen de los fondos constituye una irregularidad, especialmente al tratarse de personas políticamente expuestas, lo que exige controles más estrictos.

Además, la ex funcionaria remarcó un punto sensible: la propia escribana habría tenido un rol activo en la búsqueda de prestamistas. Según planteó, eso excede la función habitual de un escribano y podría agravar el cuadro, al ubicarla no solo como certificante, sino como parte de la operación.

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