Emmanuel Macron decidió pisar el acelerador y avanzar con una prohibición que promete sacudir a Europa: Francia quiere impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y, además, endurecer el uso de celulares en escuelas secundarias, con la idea de que la medida entre en vigencia en septiembre, junto con el inicio del nuevo ciclo escolar.
El presidente confirmó que ordenó aplicar un procedimiento legislativo de urgencia para que el proyecto sea tratado rápidamente, con el objetivo de que el Senado lo adopte luego de su paso por la Asamblea Nacional. La iniciativa cuenta con respaldo de la comisión de investigación sobre TikTok, y busca simplificar y reforzar las restricciones vigentes en conectividad.
Macron justificó la decisión con un mensaje directo sobre el impacto en la salud mental: “los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta”, advirtiendo sobre el rol de plataformas y algoritmos en la manipulación de emociones y hábitos de consumo digital. El propio mandatario ratificó el alcance del plan: “Vamos a prohibir las redes sociales para los menores de 15 años y vamos a prohibir los teléfonos móviles en nuestros institutos”.
El trasfondo del proyecto se apoya en advertencias sanitarias sobre el uso intensivo de pantallas. Informes de ANSES señalaron efectos negativos vinculados a autoestima, bienestar emocional y exposición a contenidos de riesgo, en un contexto donde casi el 90% de los adolescentes de 12 a 17 años usa smartphones a diario para entrar a plataformas.
El debate en Francia también se potencia por reclamos judiciales de familias contra redes sociales, a las que asocian con episodios de autolesiones y suicidios, y por la preocupación oficial sobre conductas de riesgo derivadas de la sobreexposición digital.
Con este movimiento, Francia se alinea con una tendencia internacional que ya avanza en países como Australia y el Reino Unido, donde se aplican o se discuten regulaciones similares. El proyecto será examinado en primera lectura por la Asamblea Nacional este lunes 26 de enero, instancia clave para definir el texto final y su alcance jurídico.
