El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026, que crea un régimen provincial de protección para personas que utilizan créditos de consumo. La norma declara además por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada con este tipo de operaciones.

El DNU incorpora mayores exigencias de información para quienes otorgan préstamos y establece mecanismos de registro y fiscalización. También contempla nuevas instancias de conciliación para intervenir cuando una deuda se vuelve difícil de sostener y aparecen condiciones consideradas abusivas o desproporcionadas.

La medida incluye herramientas transitorias destinadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es evitar que el endeudamiento termine comprometiendo de manera grave los ingresos de los hogares riojanos.

El Gobierno aclaró que la decisión no busca desconocer las deudas ni afectar la actividad financiera legítima. El foco estará puesto en situaciones donde existan falta de transparencia, prácticas abusivas o condiciones que puedan perjudicar a personas que recurrieron al crédito para cubrir gastos cotidianos.

“La necesidad de una familia no puede convertirse en una oportunidad para el abuso”, sostuvo la administración provincial al fundamentar la iniciativa. La normativa apunta especialmente a quienes deben endeudarse para afrontar alimentos, medicamentos, servicios y otras necesidades básicas.

Con este decreto, la Provincia busca ampliar su intervención sobre el mercado de créditos de consumo y reforzar los mecanismos de defensa para los usuarios. La medida también pretende generar alternativas antes de que las deudas alcancen niveles que resulten imposibles de afrontar.