La Santa Fe inició 2026 con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas que recurrieron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un mecanismo que permite acuerdos transitorios para reducir jornadas y salarios con el objetivo de sostener los puestos laborales. Los datos fueron informados por el Ministerio de Trabajo provincial y reflejan un deterioro persistente del empleo industrial.

El impacto se concentra principalmente en la industria metalúrgica, donde 26 firmas solicitaron acogerse a este régimen. Lo que fue concebido como una herramienta excepcional se volvió una práctica recurrente, en un escenario marcado por la falta de recuperación del mercado interno y la competencia de productos importados que desplaza producción local.

Desde entidades empresarias como la Asociación de Industriales Metalúrgicos advirtieron que la combinación de caída de la demanda, apertura importadora y atraso cambiario dificulta cada vez más la continuidad de los puestos de trabajo. Según el sector, los márgenes se achican y muchas plantas operan por debajo de su capacidad.

En términos comparativos, la cantidad de trabajadores suspendidos creció respecto de noviembre de 2025, cuando el número rondaba los 3400, y también muestra una leve suba interanual. La mayor parte de los casos se localiza en el cordón industrial del sur santafesino, una de las zonas históricamente más productivas de la provincia.

Entre los conflictos más resonantes aparecen Vassalli, el frigorífico Euro y la láctea Verónica, donde se registraron incumplimientos empresariales, deudas salariales y acuerdos no respetados. En contraste, compañías como Acindar y Electrolux sostienen esquemas de suspensiones rotativas, consensuadas con los gremios para evitar despidos masivos.

El segundo rubro más afectado es la vigilancia privada, con ocho empresas que también recurrieron al artículo 223 bis. El panorama general muestra un inicio de año complejo para el empleo santafesino, con señales de alerta que se profundizan en el entramado industrial.