Un diputado del Partido Colorado de Uruguay presentó un proyecto de ley que propone habilitar la sepultura conjunta entre personas fallecidas y sus mascotas. La iniciativa fue impulsada por Felipe Schipani y apunta a reconocer legalmente el vínculo afectivo que muchas personas mantienen con sus animales de compañía.
El texto establece que podrán ser considerados “animales de compañía” aquellos que convivan con una persona o familia con fines de asistencia, apoyo emocional o compañía, siempre que no tengan una finalidad productiva o comercial. La propuesta contempla distintas modalidades para concretar la sepultura conjunta dentro de cementerios habilitados.
Según el proyecto, la decisión deberá surgir de una manifestación expresa de la persona fallecida. En caso de no existir ese pedido formal, también podrán solicitarlo familiares directos o herederos, siempre que exista una prueba razonable del vínculo especial con la mascota y no haya objeciones fundadas de otros legitimados.
La iniciativa plantea dos alternativas posibles. Una de ellas consiste en colocar las cenizas del animal dentro del mismo féretro, urna o nicho de la persona fallecida. La otra habilita la inhumación de los restos de la mascota en un compartimento separado dentro del mismo espacio funerario.
Además, el proyecto otorga nuevas facultades a los cementerios, que deberán adaptar sus reglamentos internos para permitir este tipo de prácticas. Los establecimientos podrán definir sectores específicos, modalidades operativas, requisitos técnicos y aranceles vinculados a este servicio.
De todos modos, la propuesta también fija límites sanitarios y técnicos. La sepultura conjunta no podrá realizarse cuando el animal haya muerto por enfermedades transmisibles, exista riesgo para la salud pública o el cementerio no cuente con capacidad física adecuada para garantizar las condiciones necesarias.
Tampoco se permitirá avanzar con este tipo de entierros cuando la práctica contradiga disposiciones de orden público o afecte derechos de terceros. El proyecto ahora deberá atravesar el tratamiento legislativo dentro del Parlamento uruguayo.
