Mateo Figueredo le pidió al Presidente “una oportunidad”. El adolescente oriundo de Formosa necesita que su obra social le cubra el medicamento que necesita para mejorar su calidad de vida. “Quiero vivir y soñar, no sentir dolor al respirar”, expresó.

Su mamá dijo que su hijo tiene 17 años, pero parece de doce. Él también lo asume. Mide 1.50 y pesa 35 kilos. Su contextura física desfasada obedece a la enfermedad que padece: Mateo Figueredo tiene fibrosis quística. Él mismo la describió como una enfermedad hereditaria y mortal en una carta que le envió al presidente Alberto Fernández hace unas semanas. Lo hizo porque las “pastillas milagrosas” que necesita para mejorar su estilo de vida cuestan 300 mil dólares y su obra social no puede hacerse cargo del costo del tratamiento.

Con una letra prolija escrita en tinta azul sobre una hoja rayada de colegio, le escribió un ruego al máximo mandatario del país: “Mi nombre es Mateo Figueredo, tengo 17 años y soy de la provincia de Formosa. Padezco una enfermedad hereditaria y mortal llamada fibrosis quística. Mi enfermedad está muy avanzada y no puedo ingresar a la lista de trasplante”. El daño generado en sus pulmones es tan severo que su sistema respiratorio no podría resistir una intervención bipulmonar, por lo que quedó descartado de la lista de trasplantes del INCUCAI.

“Mi única oportunidad de mejorar mi calidad de vida es con un medicamento llamado Trikafta que no se fabrica en el país y para acceder a ella necesito que la Justicia me proteja con una medida de amparo. Acá en Formosa, la jueza Belén López Arce rechazó mi pedido y ahora estoy desprotegido y abandonado”, suplicó el joven en su carta.

La adquisición del Trikafta cuesta 300 mil dólares: es un medicamento importado del que su obra social Incluir Salud, de un programa federal de asistencia que depende del Ministerio de Salud de la Nación, manifestó su negativa por no poder solventar su compra.

El 29 de enero de este año se dictó una medida cautelar que indica la entrega inmediata del medicamento. La obra social no cumplió y el 10 de febrero el abogado de la familia Figueredo, Martín Hernández, denunció el incumplimiento ante la jueza Claudia Pérez Greppo, que intimó a Incluir Salud a suministrar el medicamento en un plazo de dos días. La obra social apeló a una defensa insólita: esgrimió que Mateo no precisa el medicamento y que la droga no integra el Programa Médico Obligatorio, una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales.

En la carta dirigida al Presidente, Mateo expresó: “Usted dijo que la salud es prioridad. No me deje morir en una cama de hospital. Ya no quiero sentir más dolor, quiero una vida normal, como cualquier chico de mi edad”.