En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y el gobernador chubutense Ignacio Torres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar la postura del mandatario provincial, que amenazó con interrumpir el envío de petróleo y gas si le cortaban los fondos de coparticipación, y explicó que, para generar ingresos propios, podría explotar la minería porque “en Chubut no vive nadie, hay nada más que un millón de guanacos”.

La funcionario nacional defendió al presidente Javier Milei en la pelea por el recorte de fondos coparticipables por una deuda que mantiene la provincia patagónica y planteó que la jurisdicción gobernada por Torres podría generar más ingresos si avanzaba con la ley de zonificación minera que fue sancionada en 2021. “Chubut no vive de la minería porque se votó la ley y después se echaron para atrás, pero podrían vivir de la minería”, afirmó en una entrevista con el canal LN+

“Tiene un yacimiento de plata y después tiene, desde la costa hasta la montaña, todo tipo de minerales y no vive nadie. Hay nada más que un millón de guanacos”, agregó la titular de la cartera de Seguridad.

El conflicto escaló el viernes pasado, cuando Torres advirtió que interrumpiría la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito.

Tras la amenaza, Milei le respondió al gobernador de Chubut: "Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias". El ministro del Interior, Guillermo Francos, quiso bajar el nivel de agresión, ante el reclamo del gobierno chubutense, pero desde la oficina del presidente emitieron un duro comunicado: "No existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión"

Finalmente, la Justicia Federal falló a favor de Chubut en la disputa que mantiene la provincia patagónica con el presidente Milei y obligó al Gobierno Nacional a devolverle los fondos de coparticipación, según lo resolvió el Juzgado Federal de Rawson Nº 1. De todos modos, el Ejecutivo apelaría esa decisión y podría ir a la Corte Suprema.