Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable que depende del Ministerio de Salud nacional mostró un descenso del 64% en la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Durante el tercer trimestre de 2024, ninguna meta planificada en el marco del programa se cumplió, según un informe realizado por Chequeado en base a datos del Presupuesto abierto que publica el Ministerio de Economía. El mismo detalla que, de los 100.400 tratamientos previstos para IVE, no se entregó ninguno. Además, sólo se distribuyó el 9,1% de los preservativos planificados, lo que representa un grave incumplimiento del derecho a la salud sexual garantizado por la Ley 25.673.
Según el informe, la caída en la distribución también se refleja en otros insumos como los métodos anticonceptivos inyectables y orales, que se redujeron un 53,9%, pasando de 4,9 millones en 2023 a 2,3 millones en 2024. Asimismo, los anticonceptivos de larga duración, como los implantes subdérmicos, mostraron un descenso del 57%, con apenas 21 mil distribuidos frente a los 50 mil del año anterior.
La caída en el envío de estos insumos a los centros de salud, según los especialistas, afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables y podría derivar en un incremento de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Y se produce en sintonía con el aumento de contagios de enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre los jóvenes, como por ejemplo la sífilis.
En el caso de los medicamentos para la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, la situación es preocupante: la distribución fue nula durante el corriente año, por lo que no se garantizó desde Nación el acceso a este derecho establecido por la Ley 27.610.
Ante la consulta sobre esta disminución en la distribución de insumos, desde el Ministerio de Salud de la Nación argumentaron que la responsabilidad de garantizar los insumos recae en las jurisdicciones provinciales, al no ser esta competencia delegada constitucionalmente al Estado nacional.
Por esta razón, los gobiernos de la provincia se vieron obligados a realizar compras de emergencia para suplir el déficit. Por ejemplo, Santa Fe destinó $3.300 millones para adquirir métodos anticonceptivos y medicamentos, mientras que en otras jurisdicciones, como Tucumán, se registraron denuncias por dificultades de acceso a tratamientos. En tanto, desde el Gobierno de Córdoba se admitió que tuvieron que adquirir mifepristona, misoprostol y Mifekit para practicar las IVE, y aseveraron que la Nación también limitó el envío de anticonceptivos.
