El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó este martes que instruyó al Fiscal de Estado y al Asesor General de Gobierno para que tomen las medidas necesarias y brinden asesoramiento legal a las y los beneficiarios de pensiones por discapacidad en la provincia.
La decisión apunta a evitar que el Gobierno Nacional suspenda o dé de baja estos beneficios sociales, tras las intimaciones que, según denunció, están siendo enviadas de manera arbitraria por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Quintela cuestionó lo que calificó como una “política de la crueldad” del Ejecutivo Nacional, que —afirmó— “no se detiene ni siquiera con quienes son más indefensos y vulnerables”.
La medida busca garantizar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y asegurar la continuidad de estos ingresos fundamentales para miles de familias riojanas.
