El Concejo Deliberante de Salta tomó una decisión inédita: rechazó la renuncia del concejal libertario Pablo López, denunciado por una militante de su espacio por extorsión sexual, violencia psicológica y económica, y resolvió iniciar un juicio político en su contra.

La denuncia, que se hizo pública con audios explícitos donde se escucha al edil decir frases como “por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, provocó indignación dentro y fuera del recinto.

A pesar de que López presentó su dimisión, los ediles consideraron que no debía evitar el proceso institucional y mucho menos conservar la posibilidad de regresar en diciembre, cuando iniciaría un nuevo mandato por haber sido reelecto.

“La violencia no es un error, es un delito”, sentenció el concejal del PJ Gustavo Farquharson, quien pidió que se haga justicia política además de la judicial. Desde La Libertad Avanza local también se despegaron del acusado, y la bancada libertaria lo expulsó de sus filas. Su propio padre, Raúl López, también renunció al cargo que ocupaba en la convención municipal.

El caso promete convertirse en un precedente clave sobre cómo se responde institucionalmente frente a denuncias de violencia con componentes sexuales en la política, especialmente cuando se trata de figuras reelectas.