En Argentina, la Ley 25506 de Firma Digital otorga validez jurídica plena a cualquier documento firmado digital o electrónicamente desde hace más de dos décadas. Sin embargo, la implementación plena de expedientes digitales en los municipios sigue siendo una deuda pendiente.

Mientras los bancos y el Estado nacional ya operan sin papel para contratos y expedientes, los gobiernos locales avanzan a un ritmo mucho más lento: según un informe de Wai, apenas el 4 por ciento de las 2324 jurisdicciones del país eliminó totalmente el uso de papel. El 80 por ciento implementó iniciativas digitales parciales, pero todavía no migraron por completo.

Los obstáculos principales son el miedo (especialmente de funcionarios que responden con su patrimonio ante errores) y el desconocimiento del marco normativo y los procedimientos adecuados. Expertos señalan que el camino pasa por capacitar a los funcionarios, adaptar la normativa local, apoyarse en especialistas, elegir sistemas fáciles de usar y garantizar la ciberseguridad.

Además, se recomienda impulsar los proyectos mediante ordenanzas de los Concejos Deliberantes, para dotarlos de legitimidad y estabilidad institucional. Los Tribunales de Cuentas suelen preferir la Firma Digital por su trazabilidad, aunque la Electrónica también es válida.

La digitalización de expedientes no solo reduce costos y tiempos, sino que mejora la transparencia, evita pérdidas de documentación y permite auditorías más eficientes. Para especialistas, la pregunta ya no es si los municipios deben digitalizar, sino cuánto tiempo más se puede sostener un sistema basado en papel que encarece los procesos y dificulta el acceso de los ciudadanos a la información.