La crisis política que rodea a José Luis Espert sigue sumando capítulos. A la imputación por financiamiento irregular en su campaña presidencial de 2019, ahora se suma la declaración judicial de la legisladora libertaria Lucía Montenegro, quien ocupa una banca en la Legislatura porteña por La Libertad Avanza y fue una de las responsables financieras del partido Unite, el sello que utilizó Espert para competir aquel año.
Montenegro y su padre, Antonio Montenegro, comparecieron este lunes ante el fiscal federal Ramiro González, en el marco de la causa que investiga irregularidades en el uso de fondos públicos y privados durante aquella campaña. La Fiscalía Federal número 1, con competencia electoral, detectó inconsistencias en los balances de 2019: aportes no declarados, gastos sin documentación y una rendición de cuentas que no justifica el origen ni el destino del dinero.
El fiscal pidió desaprobar los balances del partido tras constatar que Espert viajó al menos 36 veces en los aviones de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido por lavado de dinero y pedido en extradición por Estados Unidos.
La jueza María Servini ya había confirmado en 2023 la desaprobación del balance, lo que derivó en la pérdida de aportes públicos para Unite. Sin embargo, el expediente continuó avanzando sobre los responsables políticos y económicos del espacio, entre ellos los Montenegro.
La diputada libertaria, de 31 años, negó haber administrado dinero y sostuvo que su firma era “una formalidad”: “Todo formaba parte de la militancia. No manejamos fondos ni recibimos pagos por tareas partidarias”, declaró ante el fiscal.
En su defensa, Montenegro apuntó contra José Bonacci, expresidente de Unite y padre de la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci, además de señalar al contador Raúl Ernesto Habra como responsable contable del partido.
El fiscal evalúa una posible acusación penal que podría implicar para Montenegro una inhabilitación de entre seis meses y diez años para ocupar cargos públicos.
La causa está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, y tiene en la mira el circuito de “sellos electorales fantasma” y falsificación de boletas detectado en varias provincias, una práctica que habría servido para justificar aportes de campaña del Estado.
El caso, además, tiene derivaciones políticas inmediatas: ocurre mientras La Libertad Avanza intenta recomponer su imagen tras la renuncia de Espert y en plena tensión interna por la candidatura de Diego Santilli en Buenos Aires.
