La provincia de Santa Cruz atraviesa uno de los momentos fiscales más críticos de los últimos años. El Ministerio de Economía confirmó que los salarios estatales se abonarán en dos tramos, una decisión que generó preocupación y malestar entre trabajadores que ya venían alertando por el deterioro del poder adquisitivo.

Desde el Ejecutivo que encabeza Claudio Vidal atribuyen la falta de liquidez a dos factores: la caída de transferencias nacionales automáticas y una merma cercana al 30% en las regalías petroleras entre enero y septiembre. La conjunción de ambos elementos dejó a la provincia sin margen para sostener el esquema de pago tradicional.

En simultáneo, la situación se agrava en la capital provincial. Mediante el Decreto número 6861, el intendente Pablo Grasso declaró la emergencia administrativa y económica hasta el 31 de diciembre de 2026, con un paquete de medidas orientadas a evitar el desequilibrio financiero del Municipio.

El decreto establece el congelamiento de la planta de personal, la suspensión de nuevos ingresos y una revisión completa de la estructura municipal para reducir gastos. Según el documento, los ingresos nacionales y provinciales de Río Gallegos cayeron 10,4 por ciento en términos reales frente a 2023, mientras que la inflación provincial ronda el 25 por ciento y los acuerdos salariales ya superan el 29 por ciento.

La combinación de inflación, retracción económica y menor coparticipación presiona las cuentas públicas y obliga a implementar un ajuste que busca sostener el funcionamiento básico de la administración. El Municipio advierte que, sin estas medidas, el riesgo de un desbalance severo sería “inminente”.

Con sueldos desdoblados en la provincia y emergencia económica en la capital, Santa Cruz enfrenta un cuadro fiscal de alta tensión, marcado por la caída de la actividad hidrocarburífera y la pérdida constante de recursos.