El concejal Martín Antolín, representante del Partido Libertario de San Rafael, fue detenido durante la madrugada del lunes tras ser sorprendido manejando un BMW descapotable blanco, sin patente y con una copa de vino en la mano, mientras circulaba por la avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino.

Un control policial de rutina reveló que tenía 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del máximo permitido por la Ley de Tránsito provincial (0,5 g/l).

El operativo ocurrió a las 1.10, cuando los agentes frenaron el vehículo y detectaron la infracción. La policía lo retuvo en la intersección de Arístides y Tiburcio Benegas, le secuestró el auto, le retiró la licencia de conducir y lo trasladó a la Comisaría Sexta, donde quedó asentada la contravención antes de pasar al Juzgado correspondiente. Las multas por este tipo de infracción pueden llegar a los 5 millones de pesos.

Según fuentes del operativo, Antolín no ofreció resistencia y no intentó utilizar su cargo para evitar las sanciones, aunque llamó la atención que circulara en un vehículo sin identificación y con bebida alcohólica en la mano.

La reacción política fue inmediata. La vicegobernadora Hebe Casado reclamó públicamente que se le exija la renuncia, tal como ocurrió con otros funcionarios que superaron los límites permitidos.

En la misma línea, el Partido Libertario emitió un duro comunicado pidiendo que Antolín deje su banca y que intervenga el Tribunal de Disciplina interno. El texto señaló que su accionar constituye una “falta grave a los principios éticos” del espacio y que los cargos públicos “no otorgan privilegios ni excepciones”.

El caso se suma a otros episodios recientes que involucran a funcionarios mendocinos conduciendo alcoholizados. En enero, Jorge Teves, titular del Ente de Movilidad, dio 1 g/l al volante de un vehículo oficial y terminó renunciando.

En mayo, el concejal radical Miqueas Burgoa fue detenido con 1,25 g/l y sin licencia, aunque logró evitar la destitución. Este fin de semana, en Bahía Blanca, el edil Jonatan Arce renunció tras negarse a un control de alcoholemia.

En este contexto, el episodio de Antolín reabre el debate sobre la conducta de los funcionarios públicos y la necesidad de reforzar los controles en un país donde los episodios de conducción bajo los efectos del alcohol siguen siendo una preocupación persistente.