La Santa Cruz quedó envuelta en una fuerte controversia tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de aprobar incrementos salariales escalonados para sus integrantes que se aplicarán hasta octubre de 2026. La resolución interna, firmada por cuatro jueces, prevé una suba acumulada del cuarenta y dos por ciento durante el año.

Con este esquema, los salarios de los magistrados pasarán de los valores actuales, que oscilan entre 11 y 16 millones de pesos, a cifras que irán desde diecisiete hasta veinticuatro millones mensuales en el último trimestre de 2026. El aumento se distribuirá con subas del cuatro por ciento mensual entre enero y julio y del tres por ciento entre agosto y octubre.

En los fundamentos de la medida, el tribunal argumentó que las remuneraciones judiciales no pueden “alejarse de forma grosera” de las que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del ámbito federal. Sin embargo, la decisión generó un inmediato rechazo político y sindical.

El gobernador Claudio Vidal fue uno de los primeros en reaccionar y calificó el aumento como “una burla y una falta de respeto a la sociedad”, al señalar que se adopta en un contexto donde gran parte de la administración pública provincial discute actualizaciones salariales mucho más moderadas.

Desde el sector gremial, la Asociación Trabajadores del Estado también cuestionó con dureza la resolución y la definió como “obscena”, remarcando que los magistrados no deberían autoadjudicarse incrementos muy por encima de los que recibe el resto de los trabajadores estatales.

El impacto no se limita a los jueces. Según estimaciones internas, la masa salarial del Poder Judicial, que abarca a 1.646 trabajadores, pasará de nueve mil setecientos millones a once mil quinientos millones de pesos, lo que agrega presión sobre el presupuesto provincial y profundiza el debate sobre la distribución de los recursos públicos en Santa Cruz.