La Cámara de los Lores del Reino Unido aprobó una enmienda que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, un paso que sacudió el debate internacional sobre el vínculo entre plataformas digitales y adolescencia. La iniciativa todavía debe atravesar nuevas instancias parlamentarias para convertirse en ley, pero ya marca un cambio de clima en las democracias occidentales.

El proyecto apunta directamente a las empresas tecnológicas: las obligaría a implementar mecanismos efectivos de verificación de edad y contempla sanciones en caso de incumplimiento. El trasfondo es la creciente preocupación por el impacto del uso intensivo de redes sociales en la salud mental y el desarrollo de chicos y adolescentes.

La decisión tiene peso político porque la Cámara Alta británica no suele protagonizar movimientos disruptivos. Sin embargo, el avance de esta propuesta refleja que el poder de las plataformas dejó de verse sólo como “libertad” o “socialización” y empezó a asociarse con fenómenos cada vez más discutidos: ansiedad, adicción, exposición temprana a contenidos violentos, aislamiento y ludopatía online.

El impacto llega rápido a la pregunta inevitable: ¿podría aplicarse algo similar en Argentina?. El antecedente británico funciona como una legitimación internacional para un debate que en el país muchas veces se descartaba como exagerado o censurador. Con una democracia consolidada avanzando en restricciones, pierde fuerza el argumento de que cualquier regulación es autoritarismo.

Si la discusión se abre en serio, el escenario local promete choque frontal. Sectores liberales y libertarios podrían denunciar una supuesta intromisión estatal en la vida privada, mientras otros pondrán el foco en la necesidad de proteger a los menores ante un ecosistema digital que muestra límites claros de autorregulación. En el medio, quedaría otra vez expuesta una tensión habitual: la defensa irrestricta del mercado incluso cuando ese mercado evidencia fallas estructurales.

Docentes, psicólogos y profesionales de la salud en Argentina vienen advirtiendo hace años sobre el deterioro que provoca el uso constante de redes en aulas y consultorios, pero esas alarmas rara vez se transforman en políticas públicas. Una señal como la de Londres puede empujar el debate hacia decisiones concretas, aunque una prohibición total en el país enfrentaría obstáculos: dificultades técnicas, bajo cumplimiento normativo y cultura del atajo digital.

Más allá de si se prohíbe o se permite, el fondo del tema es otro: dejar de tratar a las plataformas como intocables y asumir que sus efectos negativos no son inevitables. Lo ocurrido en el Reino Unido no resuelve el problema, pero instala una advertencia global que tarde o temprano también tocará la agenda argentina.