Entre el 65 por ciento y el 70 por ciento de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo y varias rutas estratégicas que atraviesan la provincia de Buenos Aires muestran un deterioro que ya impacta en la seguridad, la logística y los costos del transporte.
La advertencia surge de un informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad nucleados en , que denuncian que el problema no se explica por falta de diagnóstico ni de recursos disponibles, sino por una política de desfinanciamiento y abandono del mantenimiento vial.
El documento sostiene que el mantenimiento preventivo fue prácticamente desactivado y reemplazado por respuestas parciales como bacheos precarios, medidas que no frenan el desgaste estructural de las calzadas. La consecuencia es un sistema vial cada vez más degradado, con ahuellamientos, fisuras, pérdida de capacidad en tramos con alto tránsito pesado y rutas que pasan de ser corredores productivos a convertirse en zonas de riesgo permanente.
Uno de los casos más delicados señalados en el relevamiento es la Ruta Nacional 5, que une Luján con La Pampa y cumple un rol central en el movimiento de cargas y pasajeros.
En el tramo Mercedes–Suipacha, el informe describe problemas de capacidad, congestión y reducción de las velocidades medias, pese a tratarse de una obra financiada con préstamo internacional. Para los trabajadores, la falta de avances sostenidos mantiene elevados los riesgos viales y aumenta los tiempos de viaje, lo que a su vez se traduce en mayor gasto de combustible y costos logísticos para el transporte de mercadería.
También aparece como corredor crítico la Ruta Nacional 7, clave para la conexión entre el AMBA, el oeste bonaerense y el corredor bioceánico. Allí se advierten sectores con ahuellamientos severos, grietas y deterioro de base, en un contexto de circulación intensa de camiones que acelera el desgaste y eleva el peligro de siniestros.
El documento remarca que cuando una ruta pierde capacidad estructural, el riesgo deja de ser “mantenimiento pendiente” y pasa a ser un problema de seguridad directa para quienes la transitan.
Otra traza que preocupa es la Ruta Nacional 3, especialmente en sectores que articulan localidades del interior con puertos y centros urbanos. El informe menciona calzadas angostas, banquinas rotas y señalización deficiente, una combinación que se vuelve más peligrosa en horarios nocturnos o en jornadas de mayor circulación.
Con el deterioro acumulado, aumenta la posibilidad de maniobras bruscas, despistes y colisiones, en rutas que ya de por sí requieren condiciones óptimas por el volumen de tránsito.
El informe vincula esta crisis con una fuerte subejecución presupuestaria. Según FEPEVINA, durante 2024 y 2025 más del 50% de los fondos asignados a Vialidad Nacional no se ejecutaron, incluso aquellos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, creado justamente para financiar obras y mantenimiento vial. La frase que sintetiza la denuncia es contundente: “No hay falta de recursos, hay una decisión política de no invertir”.
A ese escenario se suma el vaciamiento operativo del organismo. El documento advierte que se perdieron más de 800 trabajadores especializados y que existe riesgo de nuevas desvinculaciones, lo que deja a Vialidad sin capacidad real para intervenir con obras integrales y sostenidas.
En Buenos Aires, donde confluyen algunos de los corredores más transitados del país, esa pérdida de equipos técnicos y operativos se traduce en menos presencia territorial, menos tareas preventivas y más deterioro acumulado.
Las consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana y en la economía: se incrementan los tiempos de traslado, cae la velocidad media de circulación, suben los costos del transporte y se disparan los riesgos de siniestros. Desde FEPEVINA advierten que cada kilómetro no mantenido hoy implica costos sociales y económicos mucho mayores en el futuro, además de muertes evitables en rutas que deberían estar en condiciones seguras para circular.
El informe cierra con una definición que funciona como advertencia: la infraestructura vial no es un gasto, es una inversión estratégica para la producción, el desarrollo territorial y la seguridad. En el caso bonaerense, el deterioro de rutas nacionales no solo afecta a quienes viajan, también pone en jaque la competitividad de las economías regionales y la integración logística de la provincia con el resto del país.