El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley para transformar el funcionamiento del INDEC y convertirlo en un organismo autónomo en su gestión y autárquico en lo financiero, que pase a depender del Congreso de la Nación en lugar del Poder Ejecutivo.
La propuesta, acompañada por legisladores del Frente Renovador, busca modificar la estructura institucional del ente encargado de elaborar las estadísticas oficiales, con el objetivo de reforzar la credibilidad de los datos públicos y reducir la influencia política sobre su funcionamiento.
El INDEC tiene que ser autónomo y autárquico.
— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) February 5, 2026
Presentamos un proyecto de ley para que funcione en el ámbito del Congreso de la Nación. Lo acompañaron todos los diputados del @FrenteRenovador porque creemos que la credibilidad de las estadísticas no puede depender del Presidente… pic.twitter.com/HzmR8UGjcB
Según explicó el legislador, el proyecto plantea que el organismo tenga presupuesto propio, una conducción colegiada con mandatos que atraviesen distintos períodos de gobierno y una estructura de control compartida entre ambas cámaras del Congreso. Además, se propone que la dirección quede en manos de la principal fuerza de oposición, con participación del oficialismo y del Poder Ejecutivo, aunque sin control absoluto.
Desde el espacio impulsor argumentaron que la credibilidad de las estadísticas públicas fue motivo de discusión en distintos momentos de la historia reciente y bajo gobiernos de diferentes signos políticos. En ese sentido, remarcaron que la manipulación o cuestionamiento de los datos impacta directamente en áreas sensibles como salarios, jubilaciones, contratos, bonos e inversiones, además de generar incertidumbre social.
Galmarini sostuvo que la iniciativa no apunta contra una gestión puntual, sino que intenta establecer un esquema institucional que garantice la independencia del organismo en el largo plazo. La propuesta busca que el INDEC funcione con reglas estables y sin depender de las decisiones del gobierno de turno, para evitar sospechas sobre posibles alteraciones en la información oficial.
El proyecto ya fue presentado formalmente en el Congreso y se abre ahora una nueva discusión política sobre el rol, el control y la autonomía del instituto que produce los indicadores económicos y sociales más relevantes del país.