El Frente Renovador definió que acompañará la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una decisión que partirá al peronismo en la Cámara de Diputados cuando el proyecto sea tratado el próximo jueves. La postura fue ratificada tras una reunión encabezada por Sergio Massa con los principales referentes de su espacio parlamentario.

La iniciativa forma parte del nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei, y cuya sesión fue convocada luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición. Aunque el oficialismo originalmente proponía llevar la edad mínima a 13 años, finalmente aceptó el consenso de fijarla en 14, lo que habilitó el respaldo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

Desde el massismo sostienen que el acompañamiento no responde a una coyuntura política sino a una posición histórica del Frente Renovador, plasmada en el proyecto de Código Penal que Massa impulsó en 2015. “No importa quién envíe la iniciativa, no tenemos por qué cambiar lo que pensamos”, transmitieron tras el encuentro, aunque aclararon que el texto tiene deficiencias importantes que serán señaladas en el recinto.

Entre las críticas, los diputados del espacio remarcan la ausencia de órganos de aplicación específicos, como el Fiscal del Joven, el Defensor del Joven y jueces especializados, además de la falta de una cláusula transitoria de implementación con infraestructura adecuada, que incluya centros cerrados, abiertos, mixtos y dispositivos terapéuticos. También cuestionan que el financiamiento quede sujeto a convenios entre Nación y provincias, en lugar de estar garantizado por ley.

El antecedente inmediato expone la tensión interna. En 2025, durante el debate en comisión, el bloque peronista presentó un dictamen propio que mantenía la edad de imputabilidad en 16 años y desplazó a legisladores massistas para evitar fisuras. Esa unidad ahora aparece resquebrajada, mientras otros sectores del peronismo evalúan su voto.

El proyecto establece penas máximas de hasta 15 años solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, prioriza penas alternativas y limita la privación de libertad como último recurso. Incluye programas educativos, asistencia psicológica y prohibición de convivencia con adultos detenidos, aunque su aplicación efectiva será uno de los ejes del debate político.