A un año del estallido del Caso $LIBRA, la causa por la presunta criptoestafa que sigue abierta en la Justicia, uno de los damnificados apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y sostuvo que su decisión de invertir estuvo vinculada a la difusión pública de la moneda desde la cuenta oficial del mandatario.

Se trata de Martín Romeo, asesor vinculado al mundo cripto y querellante en el expediente, quien relató cómo se desarrolló la secuencia que lo llevó a comprar el activo digital. Según explicó, el día del lanzamiento tomó conocimiento del proyecto a través de mensajes de colegas y conocidos que le enviaban el posteo presidencial en la red social X, lo que generó un efecto de validación inicial.

Romeo afirmó que, en un primer momento, incluso dudó de la veracidad del mensaje y llegó a pensar que podía tratarse de una estafa o de una cuenta hackeada. Sin embargo, tras consultar con contactos del ámbito financiero, aseguró haber recibido confirmaciones de que la publicación era genuina y atribuida al propio Presidente, información que, según indicó, forma parte del expediente judicial.

En ese contexto, el damnificado detalló que decidió invertir 2.000 dólares que tenía en una billetera virtual, transfiriéndolos a otra plataforma habilitada para operar con $LIBRA. Explicó que la propuesta se presentaba con un discurso orientado a “salvar a las pymes” y con una narrativa que, según describió, resultaba atractiva y persuasiva para potenciales inversores.

El querellante también remarcó la facilidad del proceso de compra, señalando que el contrato del token fue difundido públicamente, lo que simplificaba la operatoria a pocos pasos técnicos. De acuerdo a su testimonio, la adquisición podía realizarse en cuestión de minutos, copiando y pegando la información proporcionada en el sitio correspondiente.

La causa judicial, que continúa en trámite y mantiene bajo análisis el rol de distintos actores vinculados al lanzamiento de la criptomoneda, vuelve a cobrar visibilidad en su primer aniversario, en medio de nuevas declaraciones de afectados que buscan determinar responsabilidades por las pérdidas sufridas tras la promoción y posterior caída del activo digital.