Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado y no comenzar el cuatrimestre hasta que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso en 2025.
La decisión fue tomada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en asamblea. El gremio anunció que no regresarán a las aulas hasta que se cumpla la legislación vigente y se recomponga el salario docente.
Resoluciones de la asamblea 3/03
— AGD-UBA (@UbaAgd) March 4, 2026
La asamblea de AGD UBA votó Paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado hasta ganar, como mandato al Congreso de Conadu Históricahttps://t.co/O0jyIvP2J4 pic.twitter.com/qiNmtJ23LM
La ley, identificada como Ley 27.795, fue sancionada en agosto de 2025 con el objetivo de actualizar el presupuesto universitario y garantizar una recomposición salarial para los docentes. El presidente Javier Milei vetó inicialmente la norma, pero el Congreso rechazó ese veto y ratificó la ley con dos tercios de ambas cámaras.
Según denuncian los gremios universitarios, la normativa aún no fue aplicada.
En paralelo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a una semana de paro en todas las universidades públicas del país desde el 16 de marzo, aunque advirtió que la medida podría extenderse si no hay respuestas del Gobierno.
En el caso de la UBA, la postura es más dura. Desde AGD-UBA reclamaron una recomposición salarial del 51 por ciento, porcentaje que, según el gremio, corresponde a la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno y la inflación acumulada.
“No volvemos a las aulas hasta que se pague lo adeudado y se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato docente, que además impulsa un plan de lucha nacional con paros, movilizaciones y acciones en facultades de todo el país.
Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto de financiamiento universitario, que propone aumentos salariales en tres tramos del 4,1 por ciento y elimina algunos mecanismos de actualización automática que contemplaba la ley ratificada por el Congreso.