El crecimiento de las apuestas online en América Latina abrió un debate político y social que empieza a dividir estrategias entre países. Mientras Brasil discute límites y nuevas restricciones al juego digital, en Argentina el negocio continúa expandiéndose con fuerza en el deporte, los medios y el entretenimiento.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió intervenir en un mercado que se volvió masivo en pocos años. Las apuestas deportivas online fueron legalizadas en Brasil en 2018, durante la presidencia de Michel Temer, pero la regulación quedó incompleta y permitió que numerosas plataformas extranjeras operaran desde el exterior.

Durante los años siguientes, especialmente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, el sector creció de manera acelerada. La publicidad vinculada al juego se multiplicó en el fútbol y Brasil pasó a convertirse en uno de los mercados más grandes del mundo para las apuestas digitales.

Tras regresar al poder en 2023, Lula avanzó con un esquema de licencias, impuestos y controles para ordenar el mercado. Ahora el mandatario analiza ir un paso más allá y restringir o incluso prohibir ciertos formatos de casinos digitales, en particular los juegos similares a tragamonedas que funcionan en teléfonos celulares.

“El casino entró en la casa de la gente a través del celular”, advirtió Lula al explicar su preocupación por el impacto social de estas plataformas. El presidente también planteó que muchas veces las consecuencias económicas recaen en las familias, especialmente cuando el dinero apostado proviene de sectores con ingresos frágiles.

El contraste aparece en Argentina, donde el crecimiento de las apuestas online se integró con naturalidad al ecosistema deportivo y mediático. Clubes de fútbol, transmisiones televisivas, programas de streaming y portales digitales incorporaron marcas de casas de apuestas como patrocinadores o anunciantes.

Mientras el negocio genera ingresos para distintos sectores, el debate sobre sus consecuencias sociales y económicas permanece prácticamente ausente en la agenda política nacional. En un contexto de dificultades económicas, el fenómeno plantea interrogantes sobre el rol del Estado frente a una actividad que se expande con rapidez.