La diputada Marcela Pagano solicitó la detención de Manuel Adorni y lo acusó de haber intentado presionar a un testigo en una causa judicial. El planteo se realizó públicamente y se vincula con el expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Pagano aseguró que el jefe de Gabinete habría mantenido contactos por WhatsApp con un testigo clave para influir en su declaración. En ese sentido, sostuvo que se habrían ofrecido beneficios a cambio de modificar el testimonio, lo que, según su denuncia, constituiría un intento de entorpecer la investigación.

En su presentación, la legisladora pidió la aplicación de la llamada doctrina Irurzun, que contempla la posibilidad de ordenar detenciones preventivas cuando existe riesgo de interferencia en una causa. Planteó que, en este caso, la situación amerita una medida de ese tipo para resguardar el proceso judicial.

El testigo señalado es el contratista Matías Tabar, quien declaró recientemente ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante su exposición, afirmó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por trabajos realizados en la vivienda de Adorni, ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires.

Según su testimonio, las obras incluyeron modificaciones estructurales, la construcción de una pileta, la instalación de una cascada y la renovación de distintos sectores de la casa. También indicó que los pagos se habrían efectuado sin facturación formal, uno de los puntos centrales bajo análisis en la causa.

Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazaron las acusaciones y cuestionaron tanto los montos como la versión del testigo. Además, señalaron que podrían solicitar peritajes para establecer el costo real de las refacciones, mientras el fiscal continúa evaluando las declaraciones y la denuncia presentada por la diputada.