El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, realizó una fuerte autocrítica institucional luego de que se conociera que Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, se desempeñaba laboralmente en un área municipal vinculada al tránsito.

"Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable", afirmó el jefe comunal al referirse a un caso que generó conmoción y abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión dentro de la administración local.

Passerini sostuvo que la situación obligó a adoptar decisiones inmediatas tanto en el plano político como institucional. Confirmó que solicitó renuncias de funcionarios y puso en marcha una serie de medidas destinadas a reforzar los controles internos, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Además, reveló que tras hacerse público el caso recibió más de 200 denuncias y advertencias sobre empleados municipales que tendrían antecedentes penales o situaciones judiciales incompatibles con la función pública.

En respuesta a ese escenario, el intendente anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para modificar los requisitos de permanencia dentro de la planta municipal. La iniciativa propone que los trabajadores presenten certificados de antecedentes penales cada seis meses, reemplazando el sistema actual que exige esa documentación cada cuatro años.

Otra de las medidas planteadas es la implementación de narcotests para empleados y funcionarios municipales, aunque Passerini aclaró que el objetivo no será únicamente sancionar, sino también brindar asistencia a quienes atraviesen problemas de consumo.

"No es discriminatorio. En caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán posibilidades de tratamiento", explicó.

El caso Agostina generó un fuerte impacto político e institucional en Córdoba y obligó al municipio a revisar sus mecanismos de control. La administración local busca ahora endurecer los requisitos para el ingreso y permanencia de personal, mientras continúa la investigación judicial sobre el femicidio que conmocionó a la provincia.