Investigación judicial

La Justicia analiza gastos de Adorni por 139 millones de pesos con tarjetas durante su paso por el Gobierno

Manuel Adorni es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que también incluye el análisis de sus movimientos patrimoniales y financieros.
Manuel Adorni es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que también incluye el análisis de sus movimientos patrimoniales y financieros.

La Justicia incorporó al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni un análisis preliminar sobre los consumos realizados con tarjetas de crédito durante su paso por el Gobierno. Según los cálculos efectuados por los investigadores a partir de los resúmenes bancarios, el exfuncionario registró gastos por 139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

La investigación está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, que analiza si esos movimientos patrimoniales guardan relación con los ingresos declarados por Adorni mientras se desempeñó primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete. La información surgió tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto en la causa.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los consumos con tarjetas superarían el promedio de los salarios que percibió durante su paso por la función pública. Según consta en la investigación, Adorni cobró 3,5 millones de pesos mensuales hasta fines de 2025 y luego ese ingreso ascendió a 7,6 millones de pesos.

La causa también analiza compras efectuadas con tarjetas pertenecientes a empleados que estaban bajo su órbita, además de pagos en efectivo vinculados a refacciones, mobiliario y otros gastos. Entre las medidas ordenadas figura un informe patrimonial de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que deberá establecer la evolución de su patrimonio.

Otro de los puntos bajo análisis es la explicación brindada por Adorni sobre presuntas ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin. La fiscalía solicitó un informe técnico sobre la evolución de esa criptomoneda para evaluar la consistencia de los montos declarados y determinar si resultan compatibles con la información patrimonial incorporada a la causa.

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