La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni al sostener que, pese a haber dejado su cargo como vocero presidencial, continúa contando con custodia de la Policía Federal y un vehículo oficial para sus traslados. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini.

La presentación también alcanza a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que, según la denuncia, podrían haber autorizado la continuidad de esos recursos. Pagano sostuvo que, una vez finalizada la función pública de Adorni, "cesó todo título jurídico" que justificara el uso de bienes y servicios asignados por el Estado.

Según el escrito, el ex funcionario habría seguido utilizando custodia personal y vehículos oficiales luego de su salida del Ejecutivo. Además, la legisladora afirmó que esa protección se habría extendido por tiempo indefinido y sin un acto administrativo que la respalde.

En la denuncia también se menciona que la continuidad de la custodia estaría vinculada a presuntas amenazas recibidas por Adorni. Sin embargo, Pagano aseguró que esas amenazas no habrían sido denunciadas formalmente ante la Justicia y que la eventual prórroga de las medidas de seguridad todavía no habría sido oficializada por el Ministerio de Seguridad.

La diputada sostuvo además que no existiría una evaluación de riesgo formal ni una resolución que justifique la utilización de personal policial y bienes públicos. Por ese motivo, pidió que se investiguen posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación también recuerda denuncias previas vinculadas al uso de recursos oficiales durante la gestión de Adorni. Entre ellas, menciona versiones que señalaban la utilización de vehículos del Estado para traslados particulares y el empleo de personal de custodia en actividades privadas.