Gonzalo Carrillo Leito, vicepresidente segundo de Atlético Tucumán, fue denunciado formalmente por su presunto vínculo con INDIANS, una empresa que provee indumentaria a las divisiones inferiores del club. La presentación fue realizada por socios activos, dirigentes de seis agrupaciones opositoras y representantes de la minoría de la Comisión Directiva, quienes pidieron que se investigue una posible incompatibilidad con el Estatuto Social.
El planteo fue dirigido al presidente de la institución, Mario Leito, tío de Carrillo Leito, y también remitido a la Comisión Directiva, la Subsecretaría Jurídica y el Tribunal de Ética y Disciplina. Los denunciantes sostienen que la marca estaría vinculada al vicepresidente y que existiría una relación comercial con Atlético Tucumán.
El cuestionamiento apunta al artículo 42 del Estatuto Social, que establece incompatibilidades para integrantes de la conducción y prohíbe que directivos mantengan relaciones comerciales con el club. Por ese motivo, solicitaron una investigación inmediata y el apartamiento preventivo de Carrillo Leito mientras se analiza la documentación presentada.
La denuncia cuenta con el respaldo de Agrupación Monumental, Atlético Celeste y Blanco, Atlético Primero Siempre, Deca Cultural, Grandeza Decana y Movimiento de Socios. Además, fue acompañada por fotografías, documentación y firmas que ahora deberán ser evaluadas por los órganos correspondientes.
El conflicto ya había tenido un antecedente en junio, cuando Atlético Primero Siempre solicitó explicaciones sobre la relación entre INDIANS y la institución. En aquel momento, la agrupación sostuvo que la marca estaría registrada a nombre de Carrillo Leito y reclamó precisiones sobre el alcance del vínculo comercial.
Ahora, la Subsecretaría Jurídica y el Tribunal de Ética y Disciplina deberán determinar si corresponde avanzar con una investigación formal y resolver el pedido de apartamiento. Si se comprobara la incompatibilidad denunciada, los presentantes también solicitaron la remoción de Carrillo Leito y la aplicación de las sanciones contempladas en el Estatuto.
