La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un nuevo informe con el que busca cuestionar su condena en la causa Vialidad. Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que los datos contradicen un aspecto que consideran central en la sentencia y anticiparon que también buscarán utilizarlos para impulsar una revisión judicial.

El estudio analizó fondos destinados a obra pública vial entre 2009 y 2015. Según los resultados difundidos por la defensa, se financiaron 367 obras por unos 2.200 millones de dólares, mientras que las empresas vinculadas al Grupo Austral recibieron 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del monto examinado.

“Lo que se dijo en la sentencia sobre que se habría querido beneficiar a Lázaro Báez fue falso”, afirmó Beraldi. Para los abogados, esas cifras cuestionan la interpretación de que el esquema investigado hubiera estado dirigido a favorecer económicamente al empresario.

El nuevo informe, sin embargo, no revoca por sí mismo la condena ni constituye una declaración de inocencia de la ONU. Se trata de evidencia presentada por la defensa para respaldar su planteo ante el organismo internacional y su estrategia para solicitar una revisión de la sentencia en la Justicia argentina.

Los abogados también buscan suspender los efectos de la inhabilitación perpetua y revisar las condiciones de la prisión domiciliaria. Beraldi sostuvo que el objetivo final es que la condena sea revisada y que la expresidenta pueda retomar plenamente su actividad política.