Los alumnos de abogacía de la Universidad Austral interpusieron una acción de amparo para exigir al Gobierno que reglamente la ley de Muerte Súbita y así establezca de una vez en qué lugares públicos o privados de acceso público, y en qué condiciones, deben instalarse desfibriladores automáticos.
Ahora, la sentencia condena al Gobierno a que, en el plazo de 30 días, reglamente la ley, que lleva promulgada más de 6 años. Las recomendaciones internacionales proponen la colocación de desfibriladores automáticos en lugares estratégicos, como centros deportivos, aeropuertos, estaciones de tren y subterráneos, complejos de oficinas, centros sanitarios y comerciales.
