El juez federal electoral Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal. La decisión se produjo en el marco de la investigación surgida por la denuncia de donaciones declaradas a cientos de personas que negaron haber aportado dinero para solventar los gastos proselitistas de las elecciones legislativas.
La causa, que mediáticamente se conoció como la de "Aportantes Truchos" de la exfuerza política Cambiemos, que integraban el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas políticas, mostró avances al dictarse el procesamiento de cuatro personas señaladas como los responsables económico financieros de la lista (fueron los que firmaron los recibos de los aportes).
Se trata de Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin. Todos ellos, están señalados con distintos niveles de responsabilidad por la maniobra en los que se insertaron "datos falsos en documentos públicos" de presuntos aportantes. En especial, la justicia hace foco en el informe final de recursos y gastos de la alianza Cambiemos durante las elecciones 2017, donde encabezan la nómina bonaerense los dirigentes Esteban Bullrich y Gladys González y como primera candidata a diputada nacional a Graciela Ocaña. La resolución del juez no alcanzó a los responsables políticos de la fuerza Cambiemos.
Los procesados por la Justicia llegarán a instancia de juicio acusados por los delitos de "Falsedad ideológica de documento público" con pena eventual de seis años de prisión.
Además se los imputa por "Omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña" que estipula una inhabilitación para cargos públicos que van de los seis meses a los 10 años.
La medida del Juez Ramos Padilla también incluye el embargo de bienes por valores que oscilan entre los 30 y 50 millones de pesos.
En la causa se investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña y el binomio integrado por Esteban Bullrich y Gladys González en Senadores.
El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos - recibían planes sociales- figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En un primer fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña "no coincidía" con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, "los DNI no se correspondían".
