Una denuncia penal fue presentada ante la Justicia Federal contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, fundador de la cadena gastronómica Tostado Café, por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó una investigación integral sobre el origen de los fondos y la estructura empresarial vinculada a la marca.

Según el escrito, Langeri Bullrich y Goijman figuran como socios de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., firmas a través de las cuales se habría montado una red de más de 70 bares y locales gastronómicos.

Dalbón sostiene que la rápida expansión económica del grupo no tendría una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable, y que el crecimiento habría alcanzado valores millonarios en dólares en un lapso reducido.

La denuncia se apoya en investigaciones periodísticas que advierten sobre la multiplicidad de sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich. En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se le atribuye relevancia patrimonial y fiscal dentro del entramado analizado.

Dalbón plantea que el esquema societario estaría fragmentado en diversas firmas como parte de una estrategia de atomización destinada a dificultar controles fiscales, contables y patrimoniales.

Además, señala que algunas empresas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, lo que, según la denuncia, contrasta con la supuesta envergadura económica del grupo y podría indicar desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.

El escrito también subraya la presencia internacional del grupo, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que, a criterio del denunciante, incrementa la complejidad del caso y obliga a analizar posibles transferencias transfronterizas de fondos.

En ese marco, afirma que no existiría información pública clara y verificable sobre el origen del capital inicial utilizado para la apertura sucesiva de los locales y advierte que la actividad comercial podría haber funcionado como pantalla para legitimar capitales de origen ilícito.

Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar no implica por sí solo reproche penal, pero remarca que su posición institucional exige extremar los recaudos de investigación para descartar conflictos de intereses, favorecimientos indebidos, utilización de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas.

Entre las medidas de prueba solicitadas, Dalbón pidió allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes a la UIF, la IGJ y organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados. La causa quedó por sorteo a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán definir si se abre formalmente la investigación.