El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la imputación del jefe de gabinete Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó una batería de medidas para investigar su patrimonio.

La decisión se basa en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, donde se sostiene que el funcionario habría tenido un incremento patrimonial desproporcionado en relación con sus ingresos como funcionario público.

Entre los puntos señalados, se menciona un crecimiento de hasta 500 por ciento en un período fiscal, además de posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas. También se investiga la presunta omisión de activos financieros, depósitos en el exterior y la utilización de préstamos familiares para justificar ingresos.

Uno de los ejes centrales de la causa es la posible existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, la propiedad no figura en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, donde el funcionario consignó solo dos bienes.

Para avanzar en la investigación, el fiscal solicitó doce medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la ANSES y la Oficina Anticorrupción. También se requirió información sobre movimientos migratorios, laborales y eventuales operaciones inmobiliarias.

Entre las medidas más relevantes, se pidió verificar la titularidad de propiedades, conocer quién paga las expensas del inmueble investigado y determinar si se tramitó permiso de construcción. El objetivo es establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio.

La causa quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si da curso a las medidas solicitadas o delega la investigación en el fiscal.