Joaquín Benegas Lynch quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que trascendieran detalles de la fiesta que organizó para celebrar sus 50 años en una propiedad ubicada sobre la barranca del río Paraná, en La Paz, Entre Ríos. El evento se realizó a fines de noviembre de 2025, pocos días antes de asumir su banca en el Senado, y según fuentes locales incluyó tres jornadas de festejos, catering premium, DJ, música en vivo y más de 100 invitados.
La celebración se llevó adelante en una casa de estilo colonial valuada en alrededor de 500 mil dólares, inmueble que no aparece registrado en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en febrero de 2026. El dato encendió cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y sostener un nivel de gasto que no tendría correlato claro con la documentación oficial presentada por el legislador libertario.
De acuerdo a la información difundida, el catering tuvo un costo estimado de 60 mil pesos por persona para unas 120 personas, a lo que se sumaron gastos de ambientación, musicalización, chef contratado desde Buenos Aires y logística general. Durante la fiesta también participó su hermano, Alberto Benegas Lynch, quien tocó junto a la banda familiar durante la velada principal.
En paralelo, comenzaron a multiplicarse las observaciones sobre la situación patrimonial declarada por el senador. En su DDJJ inicial informó bienes por más de 777 millones de pesos, incluyendo propiedades, efectivo en dólares y participaciones societarias, aunque el documento presenta apartados completos con ingresos, gastos y evolución patrimonial consignados en cero.
El informe también detalla que Benegas Lynch declaró deudas superiores a los 343 millones de pesos, principalmente con empresas vinculadas a él mismo. Ese esquema fue señalado como un mecanismo que suele quedar bajo observación de organismos de control por posibles inconsistencias contables o financieras.
Otro de los puntos que generó dudas es que la propiedad donde se realizó la fiesta no aparece incorporada en ninguna de las versiones de la declaración jurada. Además, los montos declarados en efectivo serían inferiores al valor estimado del inmueble y no existirían registros de nuevos créditos, ventas de activos o ingresos que permitan reconstruir cómo se financió la operación.
La controversia sumó además un episodio ocurrido días después de la celebración. Según testigos citados en la publicación original, el senador habría intentado cargar una compra de gran volumen en la “libreta del fiado” de un supermercado de La Paz. Tras una discusión en la línea de cajas, la operación se habría terminado negociando directamente con el dueño del comercio.