El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente este lunes por abuso de autoridad y violación de la independencia judicial, tras sus declaraciones en el canal La Nación+, donde sostuvo: “Puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa”.
La frase encendió una fuerte reacción judicial y política. Los abogados Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner en varias causas civiles, y Valeria Carreras realizaron dos presentaciones separadas ante los tribunales de Comodoro Py, acusando al mandatario de atribuirse facultades que no le corresponden según el artículo 248 del Código Penal.
Denuncian a Milei por abuso de autoridad tras admitir que fue él quien tomó la decisión decisión de poner presa a Cristina Kirchner. Una de las denuncias la presentó el abogado Dalbon y la otra la abogada Carreras pic.twitter.com/Sl83elXB4T
— Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) October 6, 2025
Esa norma establece penas de uno a dos años de prisión e inhabilitación para el funcionario público que “ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen o ejerciere las propias en forma abusiva”.
Dalbón, que presentó la denuncia por derecho propio, pidió además que se cite a indagatoria al Presidente, argumentando que sus palabras constituyen “una invasión directa a otro poder del Estado”. Según su presentación, el testimonio de Milei “refuerza el relato del lawfare y legitima la idea de una Justicia subordinada al poder político”.
“Sus dichos refuerzan el cuadro de imparcialidad que denunciamos desde hace años. Milei admitió que el Ejecutivo decide a quién se encarcela, vulnerando el principio de independencia judicial”, sostuvo Dalbón en el escrito.
Por su parte, la abogada Valeria Carreras afirmó que la confesión del Presidente “deja al descubierto una intromisión explícita del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”. En su denuncia expresó:
“Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el propio Presidente decida a quién meter preso o proscribir, por encima de la división de poderes y las garantías del debido proceso”.
Las denuncias recaerán en los tribunales de Comodoro Py, donde deberán sortearse los juzgados intervinientes. En el entorno presidencial evitaron responder públicamente, aunque la frase ya provocó una ola de repudios opositores y preocupación institucional, incluso dentro del oficialismo libertario.
